Las empresas estatales de países donde se percibe un alto nivel de corrupción son tres veces menos productivas que donde el problema está más contenido, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tras una prueba en firmas de 109 países.
Como parte de la segunda entrega del Monitor Fiscal, el FMI recalcó que frente a la pandemia de Covid-19, los gobiernos deben revisar qué firmas se mantienen centrales para el crecimiento de cada país, darle recursos financieros para garantizar que funcionan y garantizar mecanismos de transparencia a esos recursos.
“En un momento en que los gobiernos enfrentan demandas crecientes y luchan con una deuda alta, un principio básico para las empresas estatales es no desperdiciar los recursos públicos”, sostuvo.
De acuerdo con el Monitor Fiscal, las empresas estatales duplican en importancia a los corporativos privados. Generaron en 2018 un valor de 45 billones de dólares, prácticamente la mitad del producto interno bruto mundial. Sin embargo, su deuda alcanza 7.4 billones, en comparación con 1.4 billones de 2000.
El FMI recalcó que las empresas estatales realizan 55 por ciento de la inversión total en infraestructura en economías emergentes y en desarrollo. En el mejor de los casos, pueden ayudar a los países a alcanzar objetivos económicos y sociales. En el peor, necesitan grandes rescates de los contribuyentes y obstaculizan el crecimiento económico.
En los países en desarrollo como lo es México “se están quedando cortas”, dado que en estas economías más de 2 mil millones de personas permanecen sin acceso a agua potable y 800 millones carecen de electricidad confiable.
En ese sentido, recomendó generar esquemas para revisar periódicamente si una empresa aún es necesaria y si ofrece valor para el dinero de los contribuyentes. En el marco de la pandemia garantizarles recursos para que se mantengan funcionando, obligarlas a competir en productividad con las privadas y transparentar los recursos para eliminar la corrupción.
“La escasa transparencia de las actividades de las empresas y los bancos públicos sigue siendo un obstáculo para la rendición de cuentas y la supervisión. Eso puede llevar a la acumulación de deudas elevadas y ocultas, y a la necesidad de rescates públicos, que a veces cuestan al contribuyente más del 10 por ciento del PIB”, advirtió.
Fuente: La Jornada
