Rafael Antonio Olvera Amezcua fue entregado a la Fiscalía General de la República después de que las autoridades mexicanas consiguieran su deportación por parte del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.
“A la entrega se le cumplimentarán órdenes de aprehensión del orden federal que tiene pendientes”, indicó la Fiscalía General de la República en una tarjeta informativa.
“Luego de las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) ante las autoridades de la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, División de Operaciones en deportación (ICE-ERO), del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América, y la coordinación binacional, esta mañana fue entregado Rafael “O” a las autoridades mexicanas”, informó la FGR posteriormente.
“Rafael “O” fue entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de esta dependencia, en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas”, anotó.
“Esta persona es probable responsable de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estos dos, por lo que respecta al orden federal. A su arribo a territorio nacional, le fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión por la probable comisión de los delitos referidos”, precisó.
“Rafael “O” es presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores mediante una financiera (caso FICREA). Los afectados, por años, han solicitado a las autoridades mexicanas la puesta a disposición del hoy deportado.
“Luego de que las labores de esta Institución lograran su deportación a México, en las próximas horas el presunto responsable será trasladado, vía aérea, a la Ciudad de México para ponerlo a disposición del Juez Federal que lo requiere”, finalizó.
Olvera Amezcua, dueño de la Sociedad Financiera popular (Sofipo) Ficrea, fue detenido en mayo de 2019 en Texas, EU; tenía entonces 5 años prófugo.
En noviembre de 2014, autoridades regulatorias ejecutaron la intervención y el cierre de operaciones de la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea por el desvío de recursos de los ahorradores.
Fernando González Santillana, interventor de Ficrea, informó en 2019 que Rafael Olvera tenía tres órdenes de aprehensión en México, donde contaba con al menos una suspensión provisional en un juicio de amparo que impedía que fuera detenido de forma inmediata.
Desde 2011, Ficrea había sido calificada como una institución de “alto riesgo”.
A finales de 2014, las autoridades financieras buscaron que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) girara órdenes de aprehensión a más de 10 socios y directivos de Ficrea.
Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre 2012 y 2017, anunció en 2014 la disolución y liquidación de la empresa. El funcionario explicó, en ese entonces, que el fraude se realizó a través de transferencias irregulares de fondos desde la Sofipo a empresas como Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial.
Los clientes eran engañados al hacerlos firmar dos adeudos. El primer contrato, firmado en la Sofipo, se documentaba como un crédito, mientras que el segundo, en Leadman, lo hacía como un arrendamiento. La empresa les mentía a los clientes al afirmar que la firma del crédito en Ficrea era sólo un trámite administrativo para las autoridades.
Esto con el fin de justificar su información contable y la transferencia de recursos a empresas sin supervisión de la Comisión Bancaria.
Javier Navarro Velasco, síndico del concurso mercantil de Ficrea, demandó en 2016 a Rafael Olvera Amezcua, quien residía en EU. Sin embargo, para evadir el juicio, Olvera llegó a un acuerdo con Velasco, el cual fue validado por la juez de distrito de Miami de ese año.
Dicho acuerdo, consistió en la cesión de 89 propiedades en Estados Unidos, 42 en España, 35 automóviles y un millón 300 mil dólares en efectivo.
En 2019, luego de 4 años del concurso mercantil de la empresa, los afectados sólo habían recuperado el 20% de la deuda.
Con información de: Aristegui noticias.
