Ciudad de México. La nueva política sobre confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), emitida por la Secretaría de Energía (Sener) el viernes pasado, busca garantizar al país una operación ordenada, continua y eficaz, aseguró ayer Rocío Nahle García, titular de la dependencia federal.
En su cuenta de Twitter, manifestó que la confiabilidad del SEN es la capacidad del sistema para satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios finales bajo condiciones de suficiencia y seguridad de despacho, por lo que no se limita a las energías renovables.
La Sener agregó que el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del SEN es necesario para mantener la seguridad e independencia energética, tal como se establece en la Constitución, donde señala que el servicio público de transmisión y distribución es un área estratégica del gobierno federal. Subrayó que uno de los beneficios es que garantiza un ordenamiento eficaz.
Explicó que, debido a la pandemia de Covid-19, se redujo de manera drástica la demanda eléctrica en los sectores industrial y comercial, por lo cual aumentó el desbalance prexistente entre la capacidad de generación eléctrica y la demanda.
Ello compromete la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y el sistema de salud durante la emergencia, añadió.
México alcanzará la autosuficiencia energética mediante el uso óptimo y sustentable de todos sus recursos de energías primarias a través de una política integral de desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas e industriales orientada al aumento de la productividad del sector energético para mantener bajas tarifas a los usuarios finales, enfatizó.
La Sener añadió que la planeación y confiabilidad del SEN requiere una regulación económica racional para la incorporación acelerada y progresiva de todas las energías.
Sin embargo, añadió, las energías intermitentes se deben incorporar mediante la intervención y apoyo de centrales con disponibilidad total que proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento.
Directrices y precio
Ramsés Pech, especialista en el sector energético, consideró que dicho documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, sólo contienen directrices que los reguladores energéticos deberán seguir y sujetarse para cumplir con los ejes de política establecidos en la ley de la industria eléctrica. Al no influir en el mercado, declaró, quedará al libre albedrío la decisión del monto a invertir.
Comentó que ante la emergencia ocasionada por la pandemia, es indispensable considerar cómo se puede realizar la inversión para la conectividad de la electricidad en el país, lo cual puede lograrse mediante modelos de asociación pública-privada.
La política, destacó, no influye en la decisión final del precio de generación que comercializará, al no determinar un precio tope u orientado.
Ante el reforzamiento, construcción de nuevas líneas independientes y uso de equipos adicionales, aseveró, la inversión deberá ser absorbida por cada proyecto, lo cual incrementará el monto total de la inversión inicial.
El experto añadió que el incremento puede ocasionar una desventaja competitiva en el número de años en la recuperación de la inversión y en el costo de generar cada megavatio para cubrir los costos operativos, administrativos y financieros.
Consideró que varios países se están moviendo hacia el uso de energías limpias, por lo que no trascender a ello dejará a México fuera de la economía.
Información de La Jornada
