El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal suspendió la orden de aprehensión contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua.
A pesar de esta determinación, el juez de la Ciudad de México no ordenó la liberación del ex abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al contrario, ordenó nuevas medidas para asegurar que el presunto responsable de delitos como lavado de dinero y peculado no eluda a la justicia mexicana.
La recién aprobada suspensión estará vigente hasta que el ex gobernador llegue a México. Esto significa que, en teoría, no afectará en detrimento de la impartición de justicia el proceso.
Duarte Jáquez fue arrestado el 8 de julio en Florida, Estados Unidos. Se encontraba prófugo desde el 2016 por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción, peculado, desvío de recursos con fines electorales y enriquecimiento ilícito.
El proceso que compete en estos momentos es el de extradición, para el cual se deberán de coordinar los gobiernos de EEUU y México para dejar establecidos los delitos de persecución del presunto corrupto. En caso de que esto no ocurra, el ex priista puede quedar en libertad tras realizar un pago relativamente menor de los que podría ser responsable.
De entre los señalamientos contra Duarte Jéquez sobresale una deuda pública heredada a la administración de Javier Corral que asciende a 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos y desvíos de recursos del estado en favor electoral del PRI por 250 millones de pesos durante 2015; no obstante, Jaime García (activista, abogado y una de las voces más informadas del caso) expresó en entrevista para Infobae México que si la defensa del señalado encuentra debilidades en los cargos de la fiscalía, podrían desecharse casi todos los cargos en su contra y salir libre pagando una suma que ronda los 93 millones de pesos.
Lo que ha trascendido, al menos en los medios de comunicación, es que sólo una de las órdenes de aprehensión se le está dando importancia por parte del gobierno norteamericano y que tiene que ver con el desvío de 90 y tantos millones de pesos, supuestamente dinero público que fue a dar a la Ganadera División del Norte y Asociación Mexicana División del Norte, mismas que le pertenecían a Duarte. El punto es que si la jueza de Miami decretara la decisión eventualmente por esa orden de aprehensión, conforme al tratado de México con EEUU, tendría un efecto purificador, porque nada más por eso se le podría juzgar aquí y, entonces, él podría blanquear o lavar gran parte del patrimonio y gran parte de las finanzas que tiene en su contra”, declaró García Chávez.
Para dejar más claro esto, el abogado egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez abundó sobre la Ley de Extradición, misma que la señaló como rebasada ante los casos nuevos y más sofisticados de delincuencia trasnacional.
“Sí, vamos a suponer que EEUU, a través de una sentencia, firme y dice “te lo envío para que lo juzgues por este delito”, en ese momento ya no se vale, conforme a ese tratado, que llegando aquí le dijeran “pero aquí hay más”, ya no se puede. Y entonces a Duarte le estaría yendo muy bien porque pues para él pagar los 93 millones de pesos no es ningún problema y entonces reportaría en su contra la posibilidad de eludir la justicia valiéndose de los lineamientos que la justicia se ha provisto para traer a este tipo de delincuentes, esa es la gravedad de lo que puede pasar a fin de este mes”, explicó a mediados de julio.
Con información de INFOBAE
