El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagoniza un nuevo escándalo que esta vez le ha valido la apertura de un proceso de “impeachment”, un juicio político que podría llevar a su destitución. Una espiral de polémica que comenzó con la queja de un funcionario anónimo.
Poco se sabe de este informante, solo que presentó su queja ante la inspección general de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU., el órgano que agrupa a las 16 agencias individuales que realizan labores de inteligencia. Entre ellas, están la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Según los datos que ha ido publicando la prensa estadounidense, él o la informante sería un agente de inteligencia que habría oído una conversación telefónica entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
En ella, Trump habría intentado presionar a Zelenski para que investigue a Hunter Biden, un estadounidense que trabajó para Burisma Holdings, una de las mayores compañías de gas natural del país.
Pero el blanco principal de esta movida sería en realidad su padre: Joe Biden, que se perfila como uno de los candidatos demócratas con más oportunidades de plantarle batalla a Trump en las elecciones presidenciales del próximo año.
En Estados Unidos, existen leyes que intentan proteger a quienes se decidan por esta última opción.
Una de las más antiguas, por ejemplo, data de 1863: la Ley de Reclamos Falsos, que se creó a raíz de las estafas que los proveedores del Ejército de la Unión cometían durante la Guerra de Secesión, haciendo pasar por buenos los productos de baja calidad o dañados que le vendían a la institución.
La norma estipulaba una recompensa a quien denunciara. Desde entonces, ha sido modificada varias veces.
Si bien continúa vigente, en la actualidad existen otras varias leyes y regulaciones que protegen a los llamados whistleblowers (soplones) según el área o Estado sobre el que denuncien.
Fuente BBC NEWS
