Veracruz es el primer lugar en víctimas de feminicidio y su tasa de este delito también es la más alta en medio de la confrontación entre el gobernador y el fiscal del estado.
El 15 de junio pasado, una mujer de 30 años se sumó a la larga lista de víctimas de feminicidio en el estado de Veracruz. Su cuerpo fue hallado en el municipio de Alvarado con 21 puñaladas en el pecho y estómago, pero a su agresor no le bastaron, volteó el cuerpo y arremetió con su arma blanca dejando nueve heridas más en la espalda.
Ella fue una de las 98 víctmas de feminicidio en Veracruz en la primera mitad de este año, que colocó a la entidad como la que más número de casos registra en todo México en este periodo, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que también refieren que la tasa de este delito es de 2.9 por cada 100 mil mujeres, la más alta entre las 32 entidades del país.
El hecho se registró en una entidad que cuenta con dos Alertas de Violencia de Género. La primera por violencia feminicida declarada en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, emitida en noviembre de 2016. Y la segunda, por agravio comparado por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la entidad, decretada en diciembre de 2017.
Han pasado tres administraciones y tres partidos (PRI, PAN y Morena) pero la violencia contra las mujeres no cesa.
“En realidad esta cifra es preocupante debido, entre otras muchas cosas, a que la (primera) declaratoria de Alerta de Violencia de Género por feminicidio ya va para tres años y es preocupante que no hayan disminuido los índices. Son cifras frías que reflejan que no se acatan las declaratorias ni los mecanismos, simplemente se deja que todo corra.”
Estela Casados, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres (OUVMujeres).
Yadira Hidalgo, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Xalapa, donde opera la Alerta, coincide en que es un problema que se arrastra desde años atrás.
“En el caso de Veracruz siempre ha habido una tendencia alta, estamos en los vergonzosos primeros lugares. Las últimas dos administraciones tampoco hicieron mucho, la primera AVG se emitió en 2016, durante el gobierno de Javier Duarte y no se hizo mucho, estamos en 2019 y tampoco se ve nada claro, lo único que vemos es que hay un aumento de casos”, expuso.
La académica Estela Casados alertó que la violencia con la que se cometen también va en aumentó, como en el caso de la mujer víctima en Alvarado.
“Hay una tendencia histórica que está marcando cómo se reproducen los asesinatos tanto de hombres como de mujeres, pero destaca en específico como en el cuerpo de las mujeres está atravesado por esta violencia que afecta a todo el país y entonces la curva de violencia crece, se recrudece y al mismo tiempo tenemos una tendencia histórica en que los números repuntan con cada cambio de sexenio”, alertó.
Pelean fiscal y gobernador
No solo son los feminicidios, la violencia permea Veracruz: En el primer semestre del año se registraron un total de 1,118 homicidios, 181 secuestros, 48 casos de violación y 275 extorsiones denunciadas.
Pero lejos de trabajar de manera coordinada, el gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal General del Estado Jorge Winckler –heredado del gobierno de Miguel Ángel Yunes- ocupan los medios de comunicación como cuadrilátero para culparse mutuamente de la inseguridad.
“Parece que por un lado están sosteniendo una competencia para ver quién cuenta más muertas, si las autoridades de la FGE o las autoridades estatales y entonces se olvida lo verdaderamente relevante, que es cada persona que pierde la vida y qué se pudo haber evitado es un asunto de responsabilidad de las autoridades, todas”, criticó Mónica Mendoza, responsable del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso de Veracruz.
Quienes alzan la voz para alertar sobre el problema de violencia no solo exigen soluciones, también hacen aportaciones desde sus trincheras y demandan que los feminicidios y el tema de inseguridad en general dejen de usarse para sacar raja política.
La diputada federal, Mariana Dunyaska García Rojas –quien junto con otras legisladoras, especialistas y sociedad civil trabaja en la propuesta de una Ley General para prevenir sancionar y erradicar el delito de feminicidio– señaló:
“Creemos que es un tema que no debe politizarse, no se trata de un tema que afecte a una sola ciudad, a un municipio, a un partido (…) es una cuestión social. No es un tema de colores, partidos o gobernantes, es un tema de seguridad de las mujeres, el cual nace de factores culturales en el que las mujeres son vistas como objetos de satisfacción, de uso, de propiedad, de desuso, de discriminación y de trato desigual hasta jurídicamente”.
El caso de la víctima del municipio de Alvarado es un ejemplo del uso que se le está dando al problema: fue difundido por la Fiscalía General del Estado para exhibir que se están dando resultados, pero es de los pocos que se han resuelto: de los 98 reportados, 59 permanecen impunes y hay un número similar de agresores libres.
La dependencia a cargo de Jorge Winckler también presumió estar por encima de la media nacional en clasificación en la materia, reportó que entre el 1 de diciembre y el 30 de junio iniciaron 113 indagatorias ministeriales con protocolo de feminicidio, en cumplimiento a lo establecido por la Alerta de Violencia de Género.
A su vez, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez niega un alza en los feminicidios y acusa a la Fiscalía de Veracruz de aumentar la cifra de manera intencional.
“Si él (Jorge Winckler) no aclara cuál fue feminicidio y cuál no, nos vamos a quedar con estos números. Resulta que en Veracruz tenemos cero homicidios dolosos de mujeres, ¿cómo vamos a implementar una política pública de prevención si tenemos cero según datos del fiscal?”, señaló apenas el pasado miércoles y acusó que “con mucho dolo la Fiscalía no hace reclasificación para que algunos medios nos estén duro y dale con los feminicidios cuando la cifra es falsa”.
Expansión Política buscó al fiscal Jorge Winckler para un posicionamiento, pero ni él ni el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, cercano al gobernador Cuitláhuac García, respondieron.
Proyectos contra el feminicidio
La diputada Dunyaska García Rojas junto a otros legisladores recaba la mayor cantidad de firmas posibles para que sea aprobada la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio, con el objetivo de que exista un marco jurídico que permita homologar en todo el país la forma en que se procesa, se da la atención jurídica en las instancias pertinentes y cómo se maneja la investigación.
El documento de 29 páginas contempla la aplicación de prisión preventiva oficiosa para los responsables y castigos severos para aquellos funcionarios que obstaculicen las investigaciones y denuncias:
Estamos proponiendo que cualquier persona que obstaculice o entorpezca la investigación, persecución, sanción de un feminicidio sea cesado, estamos pidiendo una pena de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días de multa, que sea destituido e inhabilitado por un periodo de tres a diez años para desempeñar otro cargo público
La propuesta enfatiza la necesidad de contar con personal capacitado y con voluntad de servicio en las áreas de atención, que el delito no prescriba, que se incluya la reparación del daño y se eliminen atenuantes.
“Pedimos que se genere la reparación del daño, obviamente sabemos que no habrá ningún monto que nos regrese a nuestra amiga, hermana, esposa, madre, hija, pero creo que sí es relevante que se hable de esta parte porque tenemos muchos casos que las víctimas son madres solteras y los niños y las niñas quedan en la indefensión total”, refirió.
Sin embargo la ley no es suficiente, alerta, pues debe darse una coordinación interinstitucional, modificar conductas y redirigir los objetivos de las autoridades a quienes se pide voluntad política para atender una escalada de violencia que afecta a todas las mujeres.
Las acciones que se impulsan desde distintos sectores apenas reflejan esfuerzos, pero hay confianza en que en el mediano plazo se vean resultados cuando se pase del discurso gubernamental a acciones concretas, comentó Estela Casados, de OUVMujeres.
“El horizonte, el anhelo que tenemos, es que a largo plazo sí habrá cambios importantes, pero no a corto plazo, sobre todo porque no se le da prioridad al tema. Lo vemos en el gobierno federal y en el gobierno estatal, municipal, en esta transición discursivamente sí se están dirigiendo las miradas hacia la violencia contra las mujeres y en las formas de cómo se puede revertir, pero en los hechos se le da más importancia a otros temas que ‘impactan más’ a la población en general y nos olvidamos que más de la mitad de la población, no solo de Veracruz, sino de todo el país, somos mujeres”, expuso.
Para lograrlo, Mónica Mendoza subrayó la necesidad de coordinar esfuerzos de manera transversal:
Sí hay acciones, decir que todo está mal tampoco ayuda a nadie, hay esfuerzos que son destacados pero sí se hacen de manera aislada no son suficientes. Tenemos un problema integral, no se puede tener solución si sigue existiendo una visión cortoplacista y una visión política que se impone por encima de los derechos humanos de las mujeres.
“El cambio no es sencillo, debe iniciarse con tarea conjunta, cuando todos apoyemos, cuando la sociedad trabaje desde la empresa, el gobierno, desde todas las áreas, habrá un cambio y eso puede ser con una mujer o con un hombre gobernador”, concluyó la diputada Mariana Dunyaska.
Con información de Expansión
