El fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, presentó su renuncia este miércoles al Congreso local, apenas cinco días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara la atracción del caso de la muerte de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.
Así lo dieron a conocer esta mañana medios locales, que tuvieron acceso a la carta de dimisión, misma que está fechada este 5 de octubre.
El fiscal argumenta que asumió el cargo el 9 de marzo de 2018, como parte de su proceso de jubilación por haber cumplido más de cuarenta años de desempeñarse como servidor público.
“A lo largo de todos estos años de servicio público, he transitado con orgullo por distintos encargos y tareas, en los que concentré mis más altos esfuerzos, siempre en pro de la justicia y el Estado de Derecho, teniendo como principal motivación el amor a mi estado y a mi país”, señala.
Guerrero fue defensor público, secretario de primera y segunda instancia, juez familiar, juez civil, magistrado, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado y finalmente fiscal general.
El funcionario aseguró que aprovechó cada uno de sus cargos “para abonar a la transformación del servicio público, pasando de la burocracia tradicional a un modelo de servicio ciudadanizado, eficaz, eficiente, expedito y práctico”.
“Ahora, toca el turno de dar un paso a un lado para abrir puerta a nuevos retos profesionales; retirándome con la satisfacción del deber cumplido y ofreciéndoles la seguridad de que contamos con nuevas generaciones de fiscales, agentes ministeriales, secretarios, juezas, jueces y demás servidores públicos”, dijo.
De acuerdo con la ley neoleonesa, en caso de ausencia o renuncia del fiscal, el Congreso del Estado será el encargado de sustituirlo. Solo se puede renunciar por “causa grave”, que se somete a consideración de los legisladores locales.
El Congreso deberá emitir una convocatoria diez días después de la renuncia del fiscal y tendrá 30 días para integrar una lista de cuatro candidatos al cargo.
La renuncia de Guerrero se da luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera legalmente el caso de la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, el pasado 28 de septiembre.
El cuerpo de la joven fue hallado el pasado 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo, luego de varios días de búsqueda. Debanhi desapareció la madrugada del 9 de abril tras acudir a una fiesta en una quinta cercana al motel.
La autopsia de la Fiscalía neoleonesa estableció que Debanhi había muerto por un golpe, mientras que otra ordenada por la familia evidenció signos de violencia. Sin embargo, el Instituto de Servicios Periciales y Servicios Forenses de la Ciudad de México concluyó que la joven murió por asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios.
A mediados de septiembre, Mario Escobar, padre de Debanhi, solicitó al Congreso estatal la remoción del fiscal por “faltas a su encargo”.
En mayo de este año, el fiscal sostuvo un enfrentamiento verbal con el gobernador, Samuel García, luego de que éste exigiera que se se entregara la carpeta de investigación en el caso de la muerte de Yolanda Martínez.
“La Fiscalía General de Nuevo León no politiza la justicia”, aseguró el fiscal en un video en el que lamentó que el gobernador usara las redes sociales para “utilizar mediáticamente a las víctimas”.
“Lamento que se usen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía cuando existen medios oficiales para ello, también es preocupante que se utilice mediáticamente a las victimas como lo ha hecho constantemente el gobernador y peor aún que los ponga frente al juicio del pueblo sin respetar su dolor y con un fin que claramente no es el de la búsqueda de la justicia”, dijo.
“A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violeta de las mujeres y a usted señor gobernador como responsable de la seguridad del estado le toca el protegerlas y evitar su muerte”, advirtió.
Con información de: Aristegui noticias.
