El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, denunció que el pasado domingo, el gobierno federal modificó sin aviso el acuerdo para la regularización de autos “chocolate” que se había publicado el pasado 19 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que con las modificaciones el proceso se hará “fast track” y prácticamente sin supervisión. Consideró que el acuerdo, firmado en octubre del año pasado, “fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, incluyendo en él, además de a los estados de la frontera norte que inicialmente había comprometido el presidente, a Baja California Sur, Durango Michoacán y Nayarit”.
Según Rosales, no hay ninguna justificación en el acuerdo sobre la inclusión de estos estados -además de Sinaloa y Zacatecas- ni está sustentada en un estudio estadístico, demográfico o demoscópico. “Lo que sí sabemos es la asunción de compromisos políticos en actos del presidente durante giras en esas entidades”, mencionó.
Mencionó que el decreto original, publicado el pasado 19 de enero, consideraba la regularización de vehículos a partir de los ocho años de antigüedad. “Sorpresivamente, de una forma desaseada -mediante una fe de erratas-, tan solo dos días después disminuyeron la antigüedad a cinco años, colocando la posibilidad de regularizar a vehículos que en estricto sentido compiten directamente con lo que se ofrece en el mercado formal, fuera del ámbito de la franja y región fronteriza como había sido tradicional”, detalló.
Rosales mencionó que el pasado domingo se publicó un cambio en el acuerdo, que dejó fuera lo hablado por los distribuidores de automotores con las dependencias del gobierno federal, como la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía.
Comentó que se había llegado al acuerdo de que la regularización debería estar a cargo del servicio aduanero, con la participación de un agente aduanal que verificara la existencia física del vehículo, así como que no tuviera un reporte de robo en Estados Unidos, tuviera una verificación de emisiones contaminantes y no se encontrara en condiciones que pusieran en riesgo la vida de las personas.
Acusó al presidente López Obrador de facilitar “en extremo la regularización del contrabando automotriz”, al utilizar la figura de “aprovechamiento” para establecer una cuota única de 2 mil 500 pesos para la regularización, independientemente de si el automóvil tiene cinco años o 20 de antigüedad.
En ese sentido, señaló que se siguió el argumento de quienes promueven la introducción del contrabando respecto de que el trámite de regularización era tortuoso, para que el pasado domingo se ampliara la vigencia del acuerdo hasta el 20 septiembre, cuando originalmente el plazo límite vencía el 20 de julio.
“Por otro lado, también amplió sus compromisos políticos incluyendo a Zacatecas y a Sinaloa en la regularización”, apuntó.
“Lo más grave de toda esta modificación es que deja fuera a la Aduana México como responsable de la regularización y transfiere este proceso burocrático al Registro Público Vehicular, una dependencia que carece de las facultades legales -conforme al análisis jurídico que hemos realizado- para asumir está responsabilidad y no está dotada de las capacidades técnicas en cuanto al personal”, consideró.
Definió al Registro Público Vehicular (Repuve) como “un cascarón inservible” que requiere reconstruirse, y que no tiene capacidades técnicas para realizar tareas de verificación, lo que aumenta el riesgo de que se incremente el flujo de vehículos de contrabando.
“No hay ninguna acción del Gobierno Federal para impedir que los vehículos sigan entrando, a pesar de la promesa del presidente reflejada en el propio decreto del 19 de enero, que únicamente se estarían regularizando aquellos vehículos que se hubieran internado a México hasta el 19 de octubre del 2021″.
Consideró que la eliminación de la participación de Aduanas México del proceso de verificación y dejarlo en manos del Repuve reduce la verificación a la firma de un documento “bajo protesta de decir verdad, de que se cumple con todos los requisitos”, como que no sea robado y esté en condiciones de circular por el país.
“Es verdaderamente una condición que pone en riesgo la seguridad; no es casualidad que en los estados de la frontera sur de Estados Unidos colindantes con México, el índice de robo sea mayor al resto de la Unión Americana. Con esto, el impacto generado sobre la economía doméstica será mayor que el que enfrentamos durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando la internación de vehículos usados llegó a niveles muy altos. En 2006 se regularizaron e importaron más de un millón y medio de vehículos”, enfatizó.
Recordó que se podría volver a una situación similar, además en un contexto de crisis en el que el mercado doméstico lleva cinco años de disminución.
Criticó la falta de apoyo por parte del gobierno federal al sector automotriz desde el inicio de la pandemia de Covid-19 y denunció un “franco hostigamiento” para poder subsistir, bajo el argumento de que “no hay presupuesto”.
Adelantó que la AMDA busca la protección de la justicia federal para evitar que se consumen estas “violaciones al estado de Derecho” en el país.
Respecto de las palabras del presidente López Obrador, quien aludió a la existencia de un cobro de 12 y 13 mil pesos para realizar las regularizaciones, Rosales señaló que algunos agentes aduanales sí efectuaron cobros de entre seis mil y ocho mil pesos, pero no eran la mayoría.
“Cuando el presidente hace la suma de los 2 mil 500 pesos que él comprometió, se tiene que agregar una tarifa de los servicios aduaneros y se tiene que agregar el emplacamiento que cualquier ciudadano que adquiere un vehículo nuevo o usado debe de sufragar ante los gobiernos estatales. Y eso nos lleva a una cantidad lógicamente superior a los 2 mil 500 pesos”, apuntó.
Dijo que con la modificación del acuerdo realizada el pasado domingo, incluso existe un exhorto a los gobiernos estatales para establecer estímulos fiscales con el fin de que disminuyan el cobro del emplacamiento, a diferencia de lo que sucede con cualquier ciudadano, al que se le pide que cumpla con todas su obligaciones fiscales.
Con información de: Aristegui noticias.
