Un juez federal resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó derechos humanos de Xóchitl Gálvez Ruiz, al acusarla en una conferencia matutina de recibir contratos por mil 500 millones de pesos aprovechando su cargo de jefa delegacional en Miguel Hidalgo.
Fue el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos, quien amparó este martes a la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD y estableció que el titular del Ejecutivo federal violó sus derechos a la presunción de inocencia, honor, reputación y dignidad durante la conferencia del 28 de julio de 2023.
El juzgador detalló que el Presidente actuó con ánimo estigmatizante para alentar la percepción pública sobre Xóchitl Gálvez como corrupta.
Martín Santos sostuvo que la información difundida por López Obrador no fue veraz, objetiva ni imparcial, que son requisitos que la Suprema Corte de Justicia ha fijado para las expresiones de las autoridades.
“El Presidente indicó que se trata de delitos de tráfico de influencias y corrupción sin que exista veracidad en la información, ni denuncia que haya dado lugar a una investigación por parte de las autoridades competentes, que pudiera sustentar la conclusión de que se trata de la comisión de conductas delictivas”, indica la sentencia.
El juez agregó que “la exposición de la quejosa en la conferencia de prensa se equipara a la exposición ante los medios de un detenido, y se realizó con ánimo estigmatizante, a pesar de que no existe denuncia formal y las autoridades no sustentaron con pruebas las acusaciones realizadas, ni demostraron la forma en que obtuvieron la información”.
Durante el juicio, el gobierno federal alegó que el amparo debía ser desechado, porque todas las afirmaciones del mandatario mexicano en las mañaneras están protegidas por el derecho a la libre expresión, y son meras opiniones que no constituyen actos de autoridad.
Al respecto, el juez respondió: “Cuando se proporciona información por parte de una autoridad en ejercicio de su encargo, a través de sus redes sociales o medios de comunicación, con una idea preconcebida de que la persona de quien se expresa puede haber cometido ilícitos, procede el juicio de amparo, porque esas manifestaciones son actos de autoridad susceptibles de ser analizados a través de ese medio de control constitucional, ya que pueden afectar derechos fundamentales de los quejosos”.
Cuando Martín Santos solicitó copia de la versión estenográfica de la conferencia, el gobierno de López Obrador respondió que no podía enviarla, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminarla de redes sociales y sitios de internet.
El efecto del amparo es, precisamente, eliminar la conferencia de todas las redes y páginas electrónicas, pero es previsible que el gobierno impugnará el fallo ante un tribunal colegiado de circuito.
Cabe señalar que el mismo juez no ha dictado sentencia en otro amparo de Xóchitl Gálvez, que impugnó la mañanera del 14 de julio de 2023, en la que Andrés Manuel López Obrador por primera vez exhibió ingresos de sus empresas.
Fuente: Reforma
