23 de agosto de 2024 – Dieciséis estados de Estados Unidos, gobernados por republicanos, han presentado una demanda para suspender un programa federal que podría ofrecer una vía a la naturalización a cerca de medio millón de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses pero que carecen de estatus migratorio legal. La coalición argumenta que la administración de Joe Biden implementó este programa sin la aprobación del Congreso, con el objetivo de cumplir fines políticos.
El programa, lanzado en junio y conocido como “Manteniendo a las Familias Juntas”, permite a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses solicitar un “permiso de permanencia temporal en el país”, lo que a su vez les da la posibilidad de tramitar una tarjeta de residencia permanente y eventualmente solicitar la naturalización. Desde su anuncio, la medida ha generado controversia, especialmente en un año electoral en el que la inmigración ha sido un tema candente.
Los estados demandantes, encabezados por Texas, sostienen que la iniciativa incentivará la inmigración ilegal y causará un daño irreparable a sus comunidades. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmó que el plan “viola la Constitución” y agrava la crisis migratoria en el país. La demanda, presentada en la corte federal de Tyler, Texas, también acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de abusar de su autoridad al conceder permisos “en masa”.
El gobierno de Biden, sin embargo, defiende el programa como una medida que se basa en una autoridad jurídica bien establecida y que tiene como objetivo mantener unidas a las familias de ciudadanos estadounidenses. El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, calificó la demanda como un intento de “jugar a la política” y señaló que busca forzar a las familias a “vivir en las sombras”.
La demanda llega en un momento clave, mientras la vicepresidenta Kamala Harris acepta la nominación demócrata a la presidencia, y la inmigración sigue siendo un tema central en el debate político. Organizaciones como FWD.us y el Justice Action Center han criticado la demanda, calificándola de cruel y políticamente motivada.
A pesar de la acción legal, el DHS ha reiterado que el programa sigue vigente y continúa procesando solicitudes. Según el gobierno, hasta 500,000 personas podrían ser elegibles para beneficiarse de esta iniciativa, diseñada para ofrecer estabilidad a las familias de estatus mixto que han vivido en los Estados Unidos durante más de una década.
Los críticos del programa argumentan que su implementación sin el respaldo del Congreso es una extralimitación del poder ejecutivo, mientras que sus defensores subrayan la importancia de proporcionar una vía legal para que las familias mixtas permanezcan unidas sin temor a la deportación. La demanda también alega que la presencia de estos nuevos residentes legales podría aumentar la presión sobre los recursos estatales, incluyendo la salud, la seguridad pública y el empleo.
Por su parte, grupos de derechos civiles y defensores de los inmigrantes han manifestado su apoyo al programa, afirmando que responde a una necesidad humanitaria y que cualquier intento de desmantelarlo es una afrenta a los valores de inclusión y justicia. Mientras el caso avanza en los tribunales, miles de familias están pendientes de su futuro en un entorno cada vez más polarizado sobre la inmigración en Estados Unidos.
