De acuerdo con el diario español ‘El País’, la Banca Privada d’Andorra (BPA) tenía en 2012 a 174 “misteriosos clientes mexicanos con 243 millones”; cuando fue intervenida por lavado de dinero en 2015, las autoridades de ese país investigaban 80 cuentas mexicanas
La Banca Privada d’ Andorra (BPA) había decidido en febrero de 2012 “poner fin a la presencia en México” de la institución, según un acta de su comité de control dada a conocer por el periódico español El País.javascript:false
De acuerdo con el diario, en la sesión del 27 de febrero de 2012, los propietarios del banco, Ramón e Higini Cierco, habían tomado esta determinación por las crecientes sospechas sobre las fortunas albergadas en éste. En 2012 la BPA tenía 174 “misteriosos clientes mexicanos con 243 millones”; cuando fue intervenida por lavado de dinero en 2015, las autoridades andorranas investigaban 80 cuentas mexicanas.
Entre 2007 y 2015, las actas recogen 59 menciones a clientes mexicanos, es decir, que uno de cada tres clientes provenientes de México era sospechoso.
De acuerdo con documentos internos del banco, informes policiales y auditorías confidenciales obtenidas por el rotativo español, la BPA reunió bajo “el manto protector del secreto bancario a personajes del crimen organizado con priistas como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones. Todos, casos desvelados por este periódico
No obstante, el banco se mantuvo en México hasta 2015, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense propició la intervención de la institución “por actuar presuntamente como una lavadora de fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que perpetró la mayor trama de sobornos de América”.
En 2006, la Secretaría de Hacienda autorizó la instalación del banco en México. Al año siguiente, en 2007, la BPA tenía en su cartera de clientes a 71 familias y 10 empresas mexicanas. Entre los clientes se encontraban altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder, según la información obtenida por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil.
Uno de los cuentahabientes era Giovanni Zenteno, coordinador de Servicios de Ingreso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2006 y a quien no se le debió permitir la apertura de una cuenta por su condición de alto funcionario. Zenteno, quien fue secretario de Hacienda de Chiapas entre 1994 y 2000 durante los gobiernos de los priistas Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, señaló que “la decisión de abrir una cuenta en el extranjero obedeció a razones de seguridad y fiscales”.
El exfuncionario, quien fungió como coordinador nacional de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales entre 1999 y 2000 declinó responder al diario sobre el monto del dinero de su cuenta andorrana. Sin embargo, la Fiscalía de ese país lo investigó en 2017 “por su conexión con una firma relacionada con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte“, quien se encuentra en prisión por desvío de recursos públicos.
En la época en que Zenteno abrió su cuenta en el banco de Andorra, eran sus clientes el priista Juan Sigfrido Millán Lizárraga, quien fue gobernador de Sinaloa entre 1993 y 2004, “una exsubdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de la Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, un empresario sinaloense que murió acribillado a tiros en Guadalajara en 2007”.
Según la información dada a conocer por El País, en 2007 la central de la BPA recibió un informe enviado por “el chofer de la filial”, en el que acusó a sus jefes, Manuel Urdangaray y José Miguel Díaz, de lavar cuatro millones de dólares mensuales provenientes del narcotráfico.
El conductor señaló que ambos estaban relacionados con el venezolano Gabriel Ignacio Gil Yáñez, exasesor del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien supuestamente le cobraban una comisión del 1,5% por lavar dinero.
“La dirección reporta el caso a las autoridades andorranas y mexicanas. Y lo reduce a un mero incidente de blanqueo. Obvia la conexión de Yáñez con el narco. También, ignora que el mecanismo para inyectar en el sistema el dinero del crimen se canaliza a través de la casa de cambios mexicana ByB”, señalan Gil e Irujo.
Pese a este obstáculo, de la mano de Joan March Masson la institución avanzó en México, con tres empleados que cobraban por comisión. En 2013 cerró su oficina en el país pero mantuvo su presencia hasta 2015, cuando el banco fue intervenido por lavado de dinero.
Los periodistas reportan que el banco ofreció servicios opacos como la creación de sociedades off shore para albergar fortunas dudosas en Panamá y Suiza.
Identifican entre sus clientes ‘célebres’ a la exdiputada federal del PRI y presidenta de la compañía minera Santa Lucía, Luz del Carmen López Rivera, quien anunció al banco en mayo de 2012 la colocación de medio millón de dólares en la institución mediante la sociedad Harrigay Entreprises.
Otro de los señalados es el ingeniero Bernardo Quintana Kawage, exdirector General de ICA Construcción Urbana, quien “depositó en 2011 un total de 9 millones de dólares”.
En 2014, cuatro empresas comunicaron a la BPA su intención de ingresar en tres cuentas la cantidad de 70 millones de dólares producto de un pleito ganado a la Secretaría de Hacienda.
Menciona que a raíz de la intervención de la institución en 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) operó para librar de sospecha a varios clientes mexicanos investigados por la juez Canòlich Mingorance y el fiscal Alfons Alberca. Lo anterior, mediante la presentación de informes sobre el origen “legítimo” de las fortunas o la declaración del “no ejercicio de la acción penal” tras investigaciones exprés.
A principios de febrero, el diario reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga tres viajes a España y Andorra de Alberto Alcántara Martínez, quien fuera coordinador general de Investigación PGR en el sexenio pasado.
El exfuncionario supuestamente favoreció el desbloqueo de recursos de Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto que se encuentra preso en México y es investigado en Andorra por lavado de dinero. Por ello, la FGR solicitó información a las autoridades de ese país, a las que informó que Alcántara es investigado en México por un delito contra la Administración de Justicia.
Con informacion deAristegui noticias
