“Los investigadores estamos bajo amenaza, perderíamos nuestra libertad de cátedra e investigación”, sentenciaron.
Ricardo Siliceo/
Xalapa, Ver. El Sindicato Único de Trabajadores el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS), alertaron que los entes públicos de investigación que trabajan para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se encuentran en riesgo dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificará la jurisprudencia 196, con lo que perderían sus garantías laborales.
En conferencia de prensa, Julio Antonio García Palermo, secretario de SUTCIESAS, dijo que la SCJN pretende homologar el criterio legal del apartado B, que es aquel que se rige por la ley federal al servicio de los trabajadores del estado; con el apartado A, que es aquel que se rige por la ley federal del trabajo, marcando una diferencia abismal, puesto que la primera ofrece negociación colectiva y libertad de asociación.
Detalló que tan solo en el CIESAS se tienen afiliados a 235 personas, el 50 por ciento es personal académico, por lo que se perdería la representación de la mayoría del sindicato.
En cuanto a la negociación colectiva, el apartado “A” asegura garantías al personal académico, mientras que el inciso B es restrictivo al no permitir huelgas y no permite la contratación a través de contratos colectivos.
García Palermo lamentó que con esta determinación se estaría limitando el derecho laboral de los investigadores, como la condición unilateral del trabajo, dejando al patrón la libertad para deslindarse de su empleado sin consecuencia alguna.
“Si la SCJN sustituye esa jurisprudencia los organismos públicos como el CIESAS, CICESE, y otros centros públicos de investigación del país veríamos la posibilidad de que no se respetaran nuestros contratos colectivos”, declaró.
Los investigadores denunciaron que las nuevas personas que se integren a estos centros de investigación serán discriminados con el cambio de esta jurisprudencia puesto que serán apartados de sus derechos laborales básicos.
Aseveró que representaría un duro golpe no solo para los centros públicos, si no para los investigadores en general dado que quedarían podrían ser despedidos sin explicación alguna.
“Perderíamos el derecho de libertad de cátedra y de investigación puesto que no jefe inmediato me diría que se investiga y que no (…) La lucha no solo es para los que estamos si no para los que vienen, si desde la autoridad máxima de este país se apuesta a un apartado B, no se puede aspirar a una exelencia en los productos de investigación”, aseveró.
En este sentido, el Secretario manifestó que se sumarán a la protesta nacional encabezada por los investigadores frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de hacerse escuchar, mediante una marcha que se realizará este martes 5 de octubre.
