La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, tiene dudas sobre el certificado de vacunación contra el COVID-19 que prepara la Unión Europea porque puede ser “discriminatorio” ya que abre la puerta a un trato distinto de las personas en función de su situación sanitaria.
En un mensaje remitido este viernes a la comisión permanente de la Asamblea Parlamentaria del organismo, Pejcinovic señala que “las diferencias injustificadas en el trato a las personas basado en su estado de salud puede, en última instancia, plantear problemas de discriminación”.
Cualquier documento que dé acceso a la gente vacunada a derechos, servicios y lugares es problemático, si ese acceso sigue prohibido a aquellos que no pueden ser vacunados”, advierte, amparándose en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta Social Europea.
Insiste en que los que diseñan sistemas como el presentado por la Comisión Europea este miércoles “deben tener en cuenta estas consideraciones” y también “el derecho a la privacidad y la protección de datos”.
La secretaria general del Consejo de Europa recuerda que el Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina “deja claro que cualquier intervención médica debe estar sujeta al consentimiento libre e informado del paciente”.
También que el Convenio Europeo de Derechos Humanos impone un control legal estricto de cualquier medida obligatoria en terrenos sensibles como la salud, que debe ser proporcionada.
Sobre esas bases, Pejcinovic lanza una serie de cuestiones a debate, empezando por si sería aceptable imponer la vacunación para toda la población o para grupos específicos o si los gobiernos podrían dar certificados de vacunación con los que solo los que hubieran sido inmunizados podrían atravesar fronteras.
Igualmente si dentro de los países podrían establecerse dispositivos de certificación que únicamente permitieran el acceso a lugares como restaurantes, cines o eventos deportivos a los que se han pinchado y denegarlo al resto.
La secretaria general está convencida de que estas “cuestiones complejas, con una importante dimensión en derechos humanos” serán evaluadas por los tribunales nacionales y llegarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Consejo de Europa reúne a 47 Estados miembros, entre los que están los de la UE, con la misión de defender los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Con información de EFE
