Un juez federal determinó que la Ley Federal de Austeridad Republicana resulta inconstitucional, en tanto que no se encuentra prevista en la Carta Magna, y por lo tanto, el Congreso de la Unión no estaba facultado para emitir la reglamentación correspondiente.
De acuerdo con el juez segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, Abel Méndez Corona, sería igualmente inconstitucional la prohibición de diez años a los altos funcionarios del gobierno, para que no puedan trabajar en empresas relacionadas con el cargo que ocuparon, toda vez que dejen el puesto.
El pasado 1 de febrero el juez concedió un amparo a un exfuncionario del sector financiero, a quien una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) le negó un empleo en septiembre del año pasado debido a la legislación, que data del 2019.
“La disposición reclamada es violatoria de los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida, habida cuenta que, de entre un conjunto de opciones viables, la legislatura optó por la medida más deletérea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa”, mencionó el juzgador.
En ese sentido, ya que el el concepto de violación es fundado, resulta suficiente para conceder el amparo. Determinó que la austeridad republicana es una política del Estado que debería estar prevista en la Constitución para que el Congreso de la Unión pueda legislar al respecto.
Sobre el plazo de diez años, Méndez lo consideró “excesivo”, en tanto que “las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”.
Argumentó que la experiencia de los altos funcionarios podría ser relevante para la iniciativa privada y que el plazo de diez años “genera incentivos perversos que afectan sus posibilidades reales de contratación”.
“En el mercado laboral un plazo de diez años es determinante para recibir un ofrecimiento de trabajo, habida cuenta que los avances tecnológicos y el flujo de conocimientos pueden modificar radicalmente los entornos laborales en ese lapso”, mencionó.
Según el diario Reforma, el gobierno federal presentará una impugnación de la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en mayo discutirá una acción de constitucionalidad contra la ley que presentaron los diputados opositores.
Si el pleno de la SCJN no consigue -por diferencia de votos- anular la prohibición de los 10 años, sí podría conceder amparos en casos particulares.
Con información de: Aristegui noticias.
