El Senado mexicano comenzó este martes por la noche la discusión de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La discusión de la citada reforma y su inminente aprobación se prolongó hasta la madrugada debido a que todos los senadores de oposición avisaron que se pronunciarían en contra.
La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad con más de 120.000 agentes que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo con mando civil.
El pasado 5 de febrero, López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas, 18 de ellas de carácter constitucional, entre las que resaltaba trasladar a la Sedena el control de la Guardia Nacional.
Este martes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, destacó que todos los integrantes de los tres grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), mayoría en el Senado, están listos para votar a favor del dictamen.
Morena y aliados cuentan con la mayoría calificada, dos terceras partes de los 128 senadores, con el voto del senador opositor Miguel Ángel Yunes Márquez, quien participó en la reunión de estos partidos y quien dio el voto en la polémica reforma al Poder Judicial.
En la sesión matutina de este martes, la mesa directiva de la Cámara dio trámite de primera lectura al dictamen que modifica los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución mexicana y por la noche se dio trámite de segunda lectura, para dar paso a su discusión y, en su caso, aprobación.
El proyecto, dijo la senadora Citlalli Hernández, “adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para sujetarla al mando militar con mecanismos de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno que garantizan una dirección de carácter civil”.
“Se define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional permanente de origen y formación castrense con formación policial y estará a cargo de ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública”, añadió.
El proyecto de decreto busca dotar al Estado mexicano de una fuerza de seguridad pública disciplinada y profesional, para enfrentar los desafíos y amenazas que representa el crimen organizado.
Los grupos parlamentarios de oposición, todos en contra, y algunos organismos nacionales e internacionales advirtieron que se lleva a cabo una militarización de todos los ámbitos en México.
Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857. Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.
Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Sedena y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El presidente López Obrador ha negado que exista “militarismo” y “represión” con la reforma que aprobó el 19 de septiembre pasado la Cámara de Diputados.
Durante el gobierno de López Obrador (2018-2024) ha crecido la controversia en México por las políticas de militarización de López Obrador. El mandatario, quien prometió devolver los soldados a los cuarteles, ha justificado el uso de los militares en tareas de seguridad para enfrentar el crimen.
La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública han causado polémica en México por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.
Con información de EFE
