El Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha aceptado una demanda colectiva contra el gobierno federal de Canadá en representación de 8,360 migrantes que fueron detenidos e internados en cárceles entre los años 2016 y 2023. La decisión, emitida el viernes y divulgada este martes, marca un avance significativo en el litigio, rechazando todas las objeciones planteadas por los abogados del Estado, según informó la radiotelevisión pública canadiense CBC.
El juez Benjamin Glustein determinó que los migrantes experimentaron un trato similar al de los criminales encarcelados, incluyendo la convivencia con delincuentes violentos, el uso de medidas de restricción como grilletes y esposas, registros corporales y severas limitaciones en cuanto a contacto y movimiento.
La demanda subraya que muchos de estos migrantes y residentes permanentes fueron encarcelados sin estar acusados de algún delito, lo que se considera una clara violación de sus derechos constitucionales en Canadá.
Durante años, el gobierno federal había llegado a acuerdos con varias provincias para detener a migrantes en instalaciones penitenciarias. Sin embargo, muchas provincias han cancelado estos convenios al considerarlos violatorios de los derechos humanos de los migrantes.
La agencia fronteriza de Canadá tiene la autoridad para ordenar la detención de migrantes, incluidos aquellos que solicitan refugio, si se cree que podrían escapar o no comparecer ante las autoridades migratorias del país. En lugar de alojar a estos detenidos en centros diseñados específicamente para migrantes, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau optó por su encarcelamiento en prisiones, una medida criticada por los abogados demandantes por permitir detenciones indefinidas.
Este fallo judicial representa un paso significativo en el reconocimiento de los derechos de los migrantes en Canadá y podría tener implicaciones importantes para las políticas migratorias futuras del país.
Fuente: Latinus
