EFE.- La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que obstaculiza la actividad de las empresas de renovables y extranjeras y que fue suspendida por el Poder Judicial, aplazaría indefinidamente hasta 4 mil millones de dólares anuales de futuras inversiones en energía limpia.
En “circunstancias normales”, México captaría 2 mil millones de dólares anuales en proyectos de energía eólica y otro tanto en solar y fotovoltaica para cumplir con su meta de transición energética hacia 2025, explica Ramón Fiestas, presidente del Global Wind Energy Council (GWEC) para Latinoamérica.
“El hecho de que no se puedan desarrollar los proyectos porque no exista una voluntad de dar continuidad a la política de inversiones en el sector de las energías renovables tiene una implicación evidente y es una pérdida de inversión”, asegura.
La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y promulgada hace un mes, elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
Los dos juzgados federales especializados en competencia económica suspendieron de forma indefinida la reforma el mes pasado y esta semana varios senadores presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El amparo del juez es “para favorecer a empresas de la industria eléctrica, empresas que pagan menos por la electricidad que lo que pagan los ciudadanos en sus domicilios”, insistió este viernes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Pero sin importar el desenlace de los litigios judiciales, la reforma eléctrica afecta directamente a los planes de inversión, expone Susana Ivana Cazorla, socia fundadora de la consultora SICEnrgy.
“Ya se está viendo un impacto negativo, para invertir necesitas certidumbre, necesitas al menos la promesa de que se va a respetar al Estado de derecho y no amenazas constantes contra la inversión privada”, manifiesta la experta.
La especialista cita datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras que muestran que la inversión extranjera directa (IED) en energía eléctrica alcanzó un máximo histórico de 6.839 millones de dólares en 2018, antes de la administración de López Obrador.
Desde entonces, añade, la IED en el sector cayó a 2.700 millones de dólares en 2019 y a 1.695 millones en 2020.
Mientras la energía era un 20,3 % de la IED en 2018, dos años después representaba el 5,8 %.
“La caída más importante se dio en 2019 con el cambio de administración y las amenazas que empezaron desde el día 1 contra el sector eléctrico”, asegura Cazorla.
Aunque el presidente López Obrador ha justificado sus iniciativas de la reforma eléctrica como una defensa de la compañía del Estado frente al “saqueo” de los extranjeros, la consultora advierte que las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas.
“Aquí hay un ataque frontal contra la inversión privada, nacional o internacional, aunque curiosamente la internacional tendrá gobiernos extranjeros que la protejan, la inversión nacional privada no tiene quién la proteja”, lamenta.
Con información de Latinus
