Un vecino de Chantada ha aceptado seis meses de prisión por maltrato animal y dos años de inhabilitación para comercialización y tenencia de animales, al reconocer que había dejado morir 39 vacas sin alimentación, en un juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número uno de Lugo. La fiscalía pedía 14 meses de prisión y una inhabilitación por tres años, en tanto que la acusación particular, que representaba a tres asociaciones de defensa de los animales, pedía 18 meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación.
Hubo acuerdo entre las partes, un acuerdo no exento de polémica porque en un principio el abogado del acusado, Fernando Lamela, defendía la inocencia de su patrocinado, habiendo aceptado a regañadientes el acuerdo de seis meses y un año. Luego en la vista, tanto fiscalía como acusación particular elevaron a dos años la inhabilitación y las costas del juicio, lo que no gustó a la defensa que incluso retó a que se celebrara la vista. Finalmente salió de la sala con su cliente y ambos proclamaron que aceptaban la propuesta de las acusaciones, pero siempre insistiendo en la inocencia del ganadero.
Los hechos ocurrían en abril de 2016, cuando la Guardia Civil hallaba a las 39 reses fallecidas en una explotación ganadera por falta de alimentación. Además los agentes encontraron 24 animales en estado de inanición, por lo que posteriormente fueron sacrificados. El abogado de la acusación particular, Víctor Valladares, puntualizaba antes de entrar en la sala que se “entiende que hay un abandono de la explotación ganadera, sin que hubiera alimentación de las reses desde meses anteriores a la muerte de las vacas”.
En cuanto a sí el procesado seguía con la granja, Valladares se limitó a constatar que “sabemos que fallecieron 39 reses y 24 sobrevivieron y esos 24 fueron sacrificadas y ahora mismo no sabemos como está, no sabemos sí tiene más o no tiene, lo desconocemos”, soltó.
El abogado del acusado, que ha comparecido con gafas de sol e intentando ocultar el rostro, aunque aceptaba el acuerdo se ha aferrado a que su cliente “no cometió ningún delito sino que es víctima de una situación propiciada por la propia administración [Xunta] que, en una demora injustificada de pagar la subvenciones de la PAC y de otras ayudas a ganaderos, hizo que hubiera escasez en un momento puntual de alimentos y que se tuviera que cambiar un tipo de alimentación lo que desencadenó una situación de enfermedad en los animales y una alta mortandad”, justificó.
Fuente EL PAÍS
