Los defensores ambientales mexicanos padecieron en 2020 uno de sus años más violentos de la última década con 18 asesinatos, 65 ataques y un total de 90 agresiones, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Las agresiones incluyeron ocho ataques vinculados con la oposición al Tren Maya, proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano, indicó el “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2020”.
La violencia de 2020 contrasta con las 39 agresiones registradas en 2019, de las que un tercio fueron homicidios, señaló el CEMDA.
Desde su primer informe, la organización ha reportado 460 casos de agresiones contra defensores ambientales en el periodo de 2012 a 2018.
“Luego de ocho años de registro y documentación, CEMDA constata que prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”, indicó el documento.
Además de ser es el país más peligroso para el periodismo del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organizaciones internacionales sitúan a México como uno de los más peligrosos para activistas ambientales y defensores de derechos humanos.
El CEMDA reportó el mayor incremento de agresiones en los estados de Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
Casi la mitad de las agresiones fueron contra defensores del sector forestal e inconformes con proyectos de vías de comunicación.
Más allá del Tren Maya, el informe documentó tres agresiones relacionadas con la carretera en San Francisco Xochicuautla, Estado de México; tres por la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México, y tres más de construcciones de carreteras en diferentes estados.
“En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo, entre otros”, informó.
La agresión más frecuente, por segundo año consecutivo fue el homicidio, seguido por las amenazas, la intimidación, la criminalización, el hostigamiento, las lesiones físicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza pública, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, y el allanamiento.
Pero la organización también denunció la difamación y la estigmatización de parte de autoridades federales.
En 40 por ciento de los casos el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado y en 4.6 por ciento fue alguna empresa privada, advirtió el documento.
La asociación criticó que el actual Gobierno ha dejado sin recursos al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y eliminó el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Con información de EFE
