Máxima García Guevara
Xalapa. – En plena contingencia sanitaria por Covid-19, la Comisión Estatal Derechos Humanos, emitió la recomendación 111/2020, para que la Secretaría de Salud de Veracruz pague una compensación a padres de niños con cáncer ante las afectaciones generadas por el desabasto de medicamentos desde 2018.
La citada Recomendación dice: “Por cuanto hace al daño emergente producido por la compra de medicamentos no proporcionados por SESVER”
En un amplio documento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos advierte que se puso en riesgo la vida de niños y otras personas, que no recibieron los tratamientos oncológicos requeridos ante el desabasto que registró la Secretaría de Salud, de diciembre 2018 a mayo 2019 y enero 2020.
Al no suministrar los tratamientos la Secretaría de Salud incurrió en violaciones a los derechos a la salud a la vida e interés superior de la niñez, advierte el texto.
Es claro que las autoridades de SESVER conocían el riesgo directo a la salud y vida de los pacientes si no les eran suministrados los tratamientos médicos prescritos, y aun así, toleraron el desabasto presentado desde 2018, y omitieron informar a los pacientes que otros medicamentos podrían ser sustituidos por otros fármacos.
La Secretaría de Salud, dispone de 15 días para responder si acepta o no la citada Recomendación del ombudsman veracruzano, misma que también instruye a:
“Otorgar a las víctimas los servicios de salud que requieran, tanto para el tratamiento inmediato, efectivo y especializado del cáncer como para el manejo psíquico y emocional de los familiares de los pacientes por las implicaciones y consecuencias de las violaciones a derechos humanos demostrados en la presente Recomendación”
Además de pagar una compensación a los padres u otras personas por daño emergente producido por la compra de medicamentos no proporcionados, y por gastos infructuosos de transporte.
También se debe instruir una investigación interna, diligente, imparcial y exhaustiva para individualizar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados en las violaciones de derechos humanos acreditadas en la presente Recomendación. Entre otras.
