La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Marina (SEMAR) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), reparar daño ecológico causado en el Área Natural Protegida “Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano” (ANPRB Caribe Mexicano) en Tulum, Quintana Roo.
LaCNDH advirtió que dos proyectos dañan zonas importantes para la conservación, incrementan la contaminación de cuerpos de agua, provocan la alteración del ecosistema de manglares, a las tortugas marinas en su zona de desove. Asimismo, hay presencia de residuos sólidos y de productos químicos, además de dañar arrecifes coralinos.
Recalcó que servidores públicos de la SEMARNAT y la SEMAR, a pesar de conocer los impactos de las obras, otorgaron los permisos. A su vez,en la PROFEPA, “se debe sancionar a las autoridades responsables y los jefes jerárquicos por los vicios y omisiones en las inspecciones y seguimiento”.
De acuerdo con la CNDH se violaron los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica, a la legalidad, al debido proceso y al acceso a la justicia.
La CNDH emitió la Recomendación 90/2022 dirigida a los titulares de la SEMARNAT, María Luisa Albores González, de la SEMAR, José Rafael Ojeda Durán, y de la PROFEPA, Blanca Alicia Mendoza Vera, “por las acciones y omisiones para garantizar la protección y preservación de las playas de Chemuyil y Chemuyilito”.
El 27 de agosto de 2020 y el 15 de marzo de 2021 la Comisión recibió quejas contra autoridades de la SEMAR y la SEMARNAT en dos proyectos en las playas que tienen “importancia para la biodiversidad”, así como la falta de medidas de inspección y vigilancia.
De acuerdo con la CNDH, en julio de 2002, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT otorgó las autorizaciones para los proyectos Desarrollo Turístico Ecotur y Casa Club SPA y cuatro hoyos de Golf Ecotur en una superficie de poco más de 130 hectáreas.
Más tarde, en junio de 2006 se otorgó la concesión para uso de camastros, palapas, mesas y sillas en las playas. La delegación federal de la SEMARNAT en Quintana Roo autorizó el cambio de uso de suelo para el proyecto Chemuyil Riviera Maya, cuya vigencia fue ampliada en 2014 por tres años más y, en 2017, se hizo otra ampliación por 18 meses; las obras concluyeron en 2019. En el 2012, la SEMARNAT otorgó otra concesión para uso de suelo del Club de Playa en las bahías referidas en una superficie de casi 18 mil metros cuadrados.
En marzo de 2016, se estableció como área de refugio la Bahía de Akumal y las comunidades de Akumal, Aventuras, Bahía Príncipe, Chemuyil, Xcacel-Xcacelito en Tulum para la protección de las especies de tortugas verdes, caguamas y carey, entre otras. En diciembre del mismo año, la región “Caribe Mexicano”se declaró Área Natural Protegida.
Sin embargo, la DGIRA autorizó un proyecto en ambas zonas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en julio de 2019, presentó una denuncia popular ante la PROFEPA por incumplimiento a la autorización en impacto ambiental. Pero, en agosto del mismo año, otra autoridad de la DGIRA autorizó un segundo proyecto.
La CNDH registró que, en octubre de 2019, la SEMAR permitió el vertimiento de arena, elementos prefabricados de concreto simple y morteros, además de que se construyeronde obras, incluyendo las que modifican la morfología costera.
En diciembre de 2019, y marzo y mayo de 2020, la CONANP presentó denuncias ante la PROFEPA por incumplimiento a la autorización en impacto ambiental, obra en Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) e instalación de estructuras en Marina y por afectaciones a corales en la zona marina de la costa Caleta de Chemuyil.
En enero de 2020, la SEMARNAT autorizó la construcción de una planta desalinizadora y una planta de tratamiento de aguas residuales para el Desarrollo Turístico. En marzo de 2020, una organización de la sociedad civil presentó una denuncia popular ante la PROFEPA por desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, además de contrariar disposiciones ambientales.
Ante esto, la CNDH recomendó anular los permisos de impacto ambiental e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica en la zona, para regenerarla.
La comisión presentará una denuncia en contra de dos servidores públicos de la SEMARNAT y una de SEMAR, así como una en contra de los encargados de la PROFEPA en el estado, desde el 2018 a la fecha.
Asimismo, se deberá informar a esta institución del estatus de las denuncias presentadas por la CONANP, y se deberán revisar los permisos y licencias otorgadas en los últimos cinco años para verificar si están apegadas a la legislación vigente.
Con información de: Aristegui noticias.
