La diputada federal de Nuevo León, Marcela Guerra Castillo, presentó una iniciativa de reformas para establecer prisión preventiva para aquellas personas que se manifiesten y cierren las vías públicas.
Al respecto, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumentó que en los últimos meses se registraron cierres “arbitrarios e ilegales” en vías de comunicación que afectan a la población y el comercio.
Asimismo, aseguró que las protestas son una “afectación nacional”. Por ello, la diputada sugirió incrementar las sanciones para quienes las realizan por un tiempo largo, es decir, aumentar la prisión preventiva oficiosa.
Castillo subrayó que la Asociación de Industriales de Michoacán reportó pérdidas por más de 150 millones de pesos, a causa de los bloqueos.
Asimismo, indicó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y empresas privadas estiman pérdidas que ascienden a 7 mil millones de pesos.
En este sentido, la Constitución Política establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
Por lo que la iniciativa de la diputada va en contra de los derechos de los y las mexicanas. Además, abriría paso a criminalizar las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía que demanda cosas legítimas.
