El juez Martín Santos Pérez, del octavo Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ha concedido una suspensión provisional a un grupo de vecinos afectados por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Esta decisión obliga a diversas autoridades, incluyendo al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la capital (Sacmex), la secretaría de Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Protección al Medio Ambiente (Asea), a garantizar el acceso y el suministro de agua potable y salubre para el uso humano a los afectados.
La solicitud de amparo presentada por los vecinos incluía diversas medidas cautelares, entre las que se encuentran el acceso al agua, la revelación de los contaminantes presentes en la misma, la presentación de informes sobre el estado del agua desde enero de 2024 por parte de Sacmex, y la realización de una reparación del daño. Esta petición se produjo después de que Sacmex reservara durante tres años los resultados de los contaminantes en el suministro de agua de las colonias afectadas.
Ante el silencio de las autoridades, grupos de vecinos encargaron análisis del agua de sus casas a laboratorios autorizados, los cuales revelaron la presencia de sustancias tóxicas y cancerígenas, como cloroformo, diclorobenceno y tricloroetileno. Los afectados denuncian que las autoridades están violando la normativa mexicana y otras normas internacionales sobre los límites de sustancias permitidas en el agua para consumo humano.
La resolución del juez determina que las autoridades deben proporcionar agua potable a través de la red hidráulica o, en caso de contaminación, a través de pipas. Además, se les exige implementar todos los medios para garantizar y demostrar que el agua suministrada es potable y salubre.
Esta suspensión provisional se emite en respuesta a una situación que viola derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, al medio ambiente y al agua. Si las autoridades no cumplen con lo ordenado por el juez, podrían incurrir en un delito. El proceso judicial de amparo podría extenderse durante varios meses, durante los cuales se aportarán pruebas por ambas partes. La lucha por el agua contaminada en Benito Juárez está lejos de terminar.
Fuente: El País
