El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la actuación de un juez que concedió una suspensión contra la aplicación de la reforma eléctrica.
Quiero informar sobre una cara que estoy enviando al ministro Arturo Zaldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura. Es una carta en relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz”, dijo.
López Obrador afirmó que en esta suspensión concedida por el juez “se cumplió com pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita”.
Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos”, aseguró.
El mandatario mexicano apuntó que respeta la autonomía del Poder Judicial y el derecho de amparo, pero “también en uso de nuestras facultades tenemos el derecho de expresarnos”.
El jueves pasado, el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendiera los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctricatras amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.
El jefe del Ejecutivo federal solicitó que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro.
De manera respetuosa le solicito que el Consejo determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no responder sobre este caso”. expresó.
El presidente López Obrador acusó que en el asunto de la reforma eléctrica hay organizaciones y personas que intentan defender sus intereses, como Iberdrola.
“No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y político tenían como modus operando la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la Hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, sobre todo de los más pobres”, señaló.
Esta clase de intereses corporativos que cuenta con el apoyo de la prensa coempresarial nacional y extranjera ha conformado un llamado ‘buró jurídico’ para oponerse a las obras que hemos emprendido para la Transformación del país”, afirmó.
