Torreón, Coahuila.- La Fiscalía General de la República logró que un juez de control dictara el primer auto de vinculación a proceso para investigar a fondo la denominada “Operación Safiro” fuera del estado de Chihuahua, pero lo hizo con un cambio sorpresivo de imputación que benefició de forma directa al servidor público sujeto a proceso: el exsecretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila entre 2014 y 2017, Ismael Ramos Flores o Ismael Eugenio Ramos Flores.
A pesar de que la audiencia había sido citada para imputar el delito peculado por 475 millones de pesos en contra de Ramos Flores, quien era colaborador del exgobernador de Coahuila y actual diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, la Fiscalía solicitó al juez modificar su petición inicial para imputar solamente el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al citado servidor público.
La defensa del imputado reveló durante la audiencia que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) que en la causa penal 157/2022 se les había citado a comparecer por el delito de peculado por un monto de 475 millones de pesos, pero al final la FGR sólo presentó cargos por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 217 del Código Penal Federal, fracciones “C” y “D”, vigente en mayo de 2016.
Al no existir el peculado tampoco hubo un señalamiento de daño a las finanzas públicas y el exsecretario de Finanzas de Rubén Moreira no estuvo obligado a ofrecer algún tipo de garantía económica para la reparación del daño y mucho menos se enfrentó a una petición de la Fiscalía para enfrentar prisión preventiva justificada.
La determinación de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR fue tan sorpresiva que el abogado del imputado, Alberto Cruz Lemus, al momento en que le tocó responder la imputación contra su cliente, solicitó al juez de la causa, un receso de 30 minutos para poder armar su alegato, utilizando la frase “veníamos preparados para responder por un delito diverso”.
De acuerdo con el auto de vinculación a proceso dictado la madrugada de este 22 de junio, al ex secretario de Finanzas de Coahuila se le imputó la suscripción indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida, recursos públicos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), conocido también como ramo 23 del presupuesto federal.
En su resolución, el Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, Benito Edgardo Hernández Luna, determinó que existen indicios suficientes para presumir que Ismael Ramos Flores o Ismael Eugenio Ramos Flores cometió el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, ya que otorgó autorizaciones indebidas de carácter económico en beneficio de terceros y además firmó contratos públicos que no cumplieron con los requisitos que marca la ley para ser entregados a las empresas beneficiarias.
Todos los contratos objeto de la investigación, fueron firmados entre enero y mayo del 2016, por lo que se utilizó el Código Penal Federal vigente hasta junio del 2016 para encuadrar y configurar el delito atribuido al ex secretario de Finanzas.
Por lo anterior, las penas previstas para castigar este ilícito al momento de los hechos, son de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y la destitución e inhabilitación del cargo en caso de que estuviera en funciones.
Sin embargo, la FGR no solicitó al juez de la causa que impusiera prisión preventiva justificada al imputado, por lo que el juez de Control impuso a Ramos Flores la medida cautelar de prohibirle su salida del país, así como la entrega de su pasaporte y visa estadounidense para garantizar esta situación.
La entrega de ambos documentos fue una sugerencia de la defensa como muestra de buena voluntad, debido a que la Fiscalía también fue bastante laxa al momento de solicitar las medidas cautelares.
A través de sus fiscales Blanca Flor Ramón Peralta, Alejandro Maya y Julio Antonio Cobos, la FGR sólo había solicitado como medidas cautelares que se confinara la movilidad de Ismael Ramos Flores a la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde tiene su lugar de residencia, y la obligación del imputado de acudir a la Unidad de Medidas Cautelares cada 15 días para firmar el libro de registros y así documentar el cumplimiento de la libertad condicionada.
No obstante, el juez de control determinó que está última medida es inútil y riesgosa ante la quinta ola de Covid-19 que se vive en México, por lo que finalmente ordenó que el exsecretario de Finanzas de Coahuila evite salir del país, pero con libertad de movimiento dentro del territorio nacional.
Con información de: Aristegui noticias.
