EFE.- Antonio Tizapa padre de uno de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, dijo este martes en Nueva York que no confía en que el gobierno mexicano juzgue al exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, preso en una cárcel en esta ciudad acusado de narcotráfico y lavado de activos, que será devuelto a su país tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
“Si se lo llevan a México ¿saben lo que va a pasar? Saldrá libre y seguirá violando derechos humanos y quizás regrese al narcotráfico“, dijo a Efe Tizapa, que esta noche realizó una protesta frente a la cárcel federal en el condado de Brooklyn donde está Cienfuegos desde que fue llevado desde Los Ángeles para ser juzgado en Nueva York, donde le fueron presentados los cargos.
El exfuncionario mexicano fue arrestado el pasado 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles y estaba en espera de juicio en Nueva York pero hoy el Departamento de Justicia informó que el gobierno de Donald Trump pactó con el de México pedir la retirada de los cargos en su contra a cambio de que sea investigado en su país.
Cienfuegos debe comparecer este miércoles en una audiencia en la corte federal, donde se informará oficialmente del acuerdo que debe ser autorizado por el juez.
“No hay confianza (en el gobierno mexicano) a menos que se demuestre lo contrario. Si Cienfuegos está aquí es porque la DEA lo investigó”, afirmó el mexicano, quien vive en Nueva York y tuvo un mensaje para el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, y sus funcionarios de relaciones exteriores: “No queremos ese trato, queremos que se juzgue en Estados Unidos porque sabemos que si Cienfuegos se va a México puede que ‘se fugue’”.
Tizapa aseguró que harán lo posible porque quien fuera secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sea acusado además por violación a los derechos humanos por la desaparición de los 43 estudiantes, entre ellos su hijo Jorge Antonio, y por la matanza de Tlatlaya, ambas bajo esa administración.
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales en Iguala Guerrero, y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
El 30 de junio de 2014, 22 personas murieron baleadas por soldados en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, colindante con la capital mexicana.
Según la versión oficial del Gobierno, los fallecidos eran presuntos delincuentes muertos en un choque con militares. Pero un posterior informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que los militares ejecutaron a 15 de los 22 fallecidos.
El Gobierno de López Obrador reabrió en diciembre de 2018 el caso de los 43 estudiantes y estableció la llamada Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Al grito de “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, Tizapa y un puñado de mexicanos que desafiaron el intenso frío protestaron frente a la prisión y desde allí gritó “Cienfuegos, Ayotzinapa vive, Ayotzinapa presente aquí y allá. Asómese por la ventana para que vea los rostros de nuestros hijos, estos hijos que los militares, sus militares, desaparecieron junto con el crimen organizado”, mientras estaba rodeado por las fotos de los 43 estudiantes.
“Aquí estamos. ¿Qué respuesta da a las violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, donde sus soldados asesinaron a 22 civiles?”, gritaba Tizapa, que sostenía la foto de su hijo y que hizo esfuerzos para evitar el llanto.
Luis Cesares, uno de los que acompañó a Tizapa, dijo a Efe estar tan “indignado”, “impotente” que no tiene palabras para referirse al acuerdo. “Es un conjunto de emociones que no puedo describir. Este criminal tiene calefacción, tiene comida, duerme, su familia sabe dónde está. Mis hermanos (los desaparecidos) ¿dónde están?, ¿comen, duermen? No sabemos”, señaló.
“No tenemos representación, estamos en las manos del crimen organizado en México”, afirmó.
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