Ricardo Siliceo.
Xalapa Ver, 3 de enero 2020.-
Juan Antonio Nemi Dib, ex Secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte, señaló que hasta el día de hoy sigue a la espera de una resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) sobre su proceso penal, en el cual acusó irregularidades dado que se estableció una anuencia para que la fiscalía pueda seguir aportando datos en su contra y han pasado siete meses sin que Magistrados se pronuncien sobre su caso.
Entrevistado, quien también fungiera como Director del DIF Estatal, lamentó dicha decisión, ya que recordó que en dos ocasiones un juez de control penal dijo que no había ningún elemento para procesarlo dado que los delitos que se le imputan citó: “Ocurrieron en febrero de 2013 cuando no era secretario, en una dependencia donde no tenía ninguna autoridad”, declaró.
El ex funcionario agregó que la fiscalía presentó pruebas que resultaron ser “ambiguas” y que inclusive ya figuraban en la carpeta de investigación de su proceso, que se referían a octubre del 2014 cuando él ya no era secretario.
“Responde a un proceso legal que es falso evidentemente y responde a una cuestión política, soy un preso político (…), al día de hoy sigo en espera de que se resuelva la apelación, estoy sorprendido de lo mucho que ha tardado (…), te condenan a la muerte civil, no puedes trabajar, hay embargos del SAT, no me queda más que esperar, es una situación muy dramática que no se la deseo a nadie” aseveró.
En este sentido reveló que tiene interpuestas varias quejas ante los derechos humanos, puesto que el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, le negó durante cinco semanas el acceso al servicio médico, pese a que llegó al hospital en condición de muerte.
“Ya pasaron siete meses sin respuesta, 15 meses estuve preso, ya van cuatro años de infierno, fuí un preso político y como yo, hay varias personas de escasos recursos que son víctimas del sistema judicial de nuestro estado” concluyó.
Hay que recordar que el Ex Secretario fue detenido en 2017 acusado de incumplimiento de un deber legal, peculado y abuso de autoridad, debido a las irregularidades detectadas en la construcción de la Torre Pediátrica de Boca del Rio, cuyo monto estima los 30 millones de pesos. Situación que aún no se aclara quiénes fueron los responsables.
