Ciudad de México (25.06.2024) – En un acto de defensa y reivindicación, jueces, magistrados del Primer Circuito y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) manifestaron su disposición a aceptar cambios que mejoren el servicio público, pero subrayaron que no permitirán la destrucción de su institución.
“Somos un poder del Estado, somos un poder de la República que es esencial para ella. Somos también un poder que se debe al trabajo, al sacrificio y al mérito”, declaró el magistrado Rogelio Alanís ante cientos de trabajadores congregados. Resaltó que los cambios deben realmente mejorar el servicio y beneficiar a todos los ciudadanos y a toda la República.
En la misma línea, el magistrado Manuel Reyes criticó los intentos de desprestigiar al Poder Judicial de la Federación y llamó a alzar la voz para que se escuche el trabajo especializado que realizan para garantizar el Estado de Derecho. “No somos dictadura de la toga… somos los que defendemos derechos humanos y siempre tendremos la obligación constitucional de unificar los actos que sean contrarios a la Constitución y contrarios a los derechos humanos”, afirmó.
El magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal enfatizó la necesidad de buscar un diálogo con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. “Es obvio lo que debemos buscar y ojalá se entable un diálogo… Teniendo ellos la mayoría no significa que tengan razón. La mayoría debe legitimarse a través de este acercamiento con la clase trabajadora, no solo del Poder Judicial, sino de otros ámbitos para que se nos escuche y tomen decisiones acertadas”, comentó.
Reyes subrayó la importancia de ser escuchados y legitimados en las decisiones, destacando que el Poder Judicial, compuesto por aproximadamente 50 a 60 mil personas, debe ser considerado en cualquier reforma que lo afecte.
El acto reflejó una posición clara y firme del PJF frente a los cambios, reiterando su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y la justicia, mientras solicitan un diálogo constructivo con las nuevas autoridades para asegurar que cualquier reforma beneficie realmente al país.
Fuente: El Universal
