El 4 de junio de 2024, el presidente Joe Biden implementó una orden ejecutiva que restringe las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta orden permite la deportación de migrantes que no cumplan con estrictos estándares de asilo cuando las detenciones diarias superen las 2,500 durante un promedio de siete días.
Demanda Judicial
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, encabezadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han interpuesto una demanda en una corte federal de Washington. Argumentan que la orden de Biden es inconsistente con el estatuto de asilo promulgado por el Congreso, el cual permite a los migrantes presentar solicitudes de asilo independientemente de cómo ingresen al país.
Argumentos de los Demandantes
- Inconsistencia con el Estatuto de Asilo: La ACLU sostiene que la regulación contradice el estatuto de asilo del Congreso.
- Obstáculos para Protección: La medida crea barreras que dificultan a los migrantes buscar otros tipos de protección.
- Similitud con Políticas Anteriores: La orden de Biden es comparada con la prohibición de asilo impuesta por la administración de Donald Trump en 2018, la cual fue desechada por las cortes.
- Acceso Limitado a Asilo: Los demandantes aseguran que la restricción limitará significativamente el acceso al asilo para la mayoría de las personas que llegan a la frontera.
Declaraciones de los Activistas
- Lee Gelernt (ACLU): Afirmó que la administración de Biden no tiene la autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basado en el método de ingreso al país.
- Melissa Crow (Centro de Estudios de Género y Refugiados): Comentó que la orden exacerba el caos en la frontera sur y resultará en deportaciones injustas de refugiados que enfrentan persecución y tortura en sus países de origen.
Participación en la Demanda
La demanda también cuenta con la participación del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), y el bufete de abogados Jenner & Block LLP, en representación del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (Raíces).
Respuesta del Gobierno
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha defendido la orden, señalando que no solo se trata de asegurar la frontera, sino también de mantener a las personas vulnerables fuera del alcance de los contrabandistas explotadores.
Fuente: Latinus
