Pese a la declaratoria de 20 alertas de género en todo el territorio nacional en la actualidad, la violencia contra las mujeres, entre las que se incluye distintas expresiones como el feminicidio, continúa registrándose.
Para optimizar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha destacado la importancia de integrar un supuesto por desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres para activar la alerta, así como integrar un sistema de indicadores que permitan evaluar sus alcances y efectos.
Pese a la declaratoria de 20 alertas de género en todo el territorio nacional en la actualidad, la violencia contra las mujeres, entre las que se incluye distintas expresiones como el feminicidio, continúa registrándose.
En este contexto, en un diagnóstico de la CNDH a finales del 2019, que realizó como integrante de los grupos que dan seguimiento al mecanismo de alerta, consideró indispensable que la declaratoria sea notificada a los tres poderes a nivel estatal y no sólo al Ejecutivo, con el propósito de eliminar obstáculos para la protección de la integridad de las mujeres, así como garantizar el acceso a la justicia.
El órgano autónomo indicó también la importancia de incluir la participación de municipios y alcaldías del país en el cumplimiento de las medidas que emita la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), encargada de emitir las alertas de género.
Respecto de los grupos de trabajo que dan seguimiento a las declaratorias, la CNDH ha enfatizado en la necesidad de fortalecer la presencia de académicas en los grupos para atender cada procedimiento de AVGM y que, adicionalmente, se cuente con un comité de expertas para apoyar en la elaboración de indicadores de resultados de las alertas.
Destacó la importancia de garantizar la independencia de las personas que formen parte de los grupos, y acreditar que cuentan con conocimientos vinculados a los derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género.
La CNDH informó, a su vez, que la asignación de presupuesto público a las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres debe ser la adecuada para concretar dichas acciones.
Por ello retoma lo que plantea la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre la obligación de los gobiernos de contar con presupuestos con enfoque de género y de asignar recursos suficientes para atender las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres.
Lo cual también señala la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sobre esta última, la CNDH propuso que se implemente de manera integral al tiempo que aclaró que la ley general “no se circunscribe a la violencia feminicida, sino a marcar directrices para la garantía integral del acceso de las mujeres al derecho a una vida libre de violencia”.
Para la elaboración de modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la CNDH sostuvo que se debe tomar en cuenta el diagnóstico nacional y la diversidad cultural del país.
Cabe recordar que el reglamento en la materia define el diagnóstico nacional como un estudio con perspectiva de género sobre los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y niñas a nivel nacional.
La CNDH advirtió que un buen número de las facultades y obligaciones señaladas en los procedimientos de la AVGM tendría que implementarse de manera permanente, con o sin alerta, por los tres órdenes de gobierno.
Finalmente, expuso que la ley establece actos y acciones de carácter urgente para salvaguardar los derechos de las mujeres que se encuentran en situación de violencia, como las órdenes de aprehensión.
Hasta este 2020, si se hace un recuento sobre el estado que guardan los procedimientos para declarar las alertas de violencia de género, además de las 20 que se han declarado, la Conavim ha determinado no emitir 10 declaratorias, mientras que al menos tres entidades se encuentran en fase de elaboración del informe del grupo de trabajo.
Con información de El Economista.
