La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no cuenta con un diagnóstico de cuántas personas hay sepultadas en las fosas comunes de los panteones municipales de la región de Xalapa. Su encargada, Brenda Cerón, asegura que “no hay certeza ni veracidad” entre el número de cuerpos registrados y los que podría haber en esas sepulturas.
Los colectivos sostienen que podría haber restos de hasta 500 personas desaparecidas, dado que aseguraron que hubo autoridades municipales coludidas con la delincuencia y entonces iban y directamente depositaban los cadáveres en los panteones, sin avisar a las autoridades. Aunque han solicitado la exhumación para que se realicen los registros de ADN y comenzar así a identificar esos restos, no han sido atendidas las solicitudes.
Durante la colocación de esferas con el rostro de los desaparecidos, los integrantes de los colectivos sostuvieron que dichas peticiones no son atendidas porque todavía hay autoridades en la Fiscalía General que de alguna manera mantienen una relación de amistad o de intereses con quienes en ese momento se encontraban en el gobierno estatal, como la fiscal de Investigaciones ministeriales, Marcela Aguilera Landeta, quien en el periodo de la gubernatura de Javier Duarte fue diputada local del PRI y encabezaba la comisión de procuración de justicia en el Congreso local.
Para Brenda Cerón, la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el diagnóstico del manejo de fosas comunes en el estado fue una primera mirada sobre cómo estaban tratadas estas fosas comunes de los panteones municipales, en las cuales no había control de las autoridades de la Fiscalía, sino de los ayuntamientos.
Especificó que este diagnóstico, hecho a partir de las recomendaciones emitidas a las autoridades veracruzanas, por parte de organismos internacionales, no contempló la apertura de las fosas comunes debido a que aún no hay una metodología de cómo fueron los procesos de inhumación y tampoco se conoce quiénes son los sepultados.
Reconoció que hubo anomalías en los procesos de recepción y sepultura. “No hubo un proceso definido ni protocolos o una metodología” que refiriera conocer detalles del deceso, tipo de persona y vestimenta, entre otros indicios que permitieran identificar sin abrir las fosas.
Y de este modo tampoco hay certeza de quiénes eran las autoridades que intervenían en las inhumaciones, por lo que es un tema que no puede ser abordado en unos meses, pues aseguran que tienen que hacer un balance de lo que hay en las fosas y en los rezagos que hay en los laboratorios.
Aunque la encargada de la Comisión mencionó que para el próximo año podrían dar un diagnóstico ampliado de las condiciones de las fosas clandestinas y comunes, también reconoció que no es una tarea sencilla.
Con información de EXCELSIOR.
